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Durante años, dice Laura Teresa León Sánchez, ella fue golpeada, violada y robada por su novio. Cuando ella trataba de dejarlo, él amenazaba con reportarla a las autoridades de inmigración para que la deporten.
 “Yo era como un fantasma, una ninguna”, dice León Sánchez, oriunda de Ciudad de México y quien se encontraba entonces ilegalmente en Estados Unidos. “El me decía, ‘voy a llamar a inmigración y así mismo te botan’”.
Sánchez eventualmente consiguió ayuda de las autoridades y, además, una visa especial otorgada por el gobierno para alentar a los inmigrantes indocumentados a reportar delitos violentos. Creado en el 2000, el programa para visas “U”' estuvo suspendido por varios años hasta que las autoridades elaboraron las normas pertinentes en el 2007. Ahora, el gobierno está aprobando miles de solicitudes.
Los registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración muestran que 4.400 visas fueron emitidas este año fiscal comparado con sólo 52 el año pasado. La nueva tendencia obedece a las nuevas prioridades de las autoridades de inmigración bajo la presidencia de Barack Obama.
“Por supuesto, es un cambio radical”, dijo Mary Giovagnoli, directora del Centro de Políticas de Inmigración, con sede en Washington. “Ha aumentado la sensibilidad hacia personas que se encuentran en dificultades por algo que no es culpa suya”.
Hay pendientes unas 13,000 solicitu- des, de las cuales la mitad aguardan más información del solicitante y la otra mitad están retrasadas por el alto volumen de trabajo. Algunos inmigrantes nunca hacen el pedido porque le temen a la policía o porque temen que ello desembocará en un proceso de deportación. “No hay nada peor que saber que alguien es víctima de la violencia y escucharles decir que no quieren vivir con esa violencia pero que tienen demasiado miedo para meter una denuncia”, dijo Nancy O'Malley, fiscal federal de distrito para el condado de Alameda, donde se encuentra gran parte de San Francisco.
“Hay demasiadas mujeres inmigrantes que soportan abusos en silencio porque temen ir a las autoridades debido a su status”, añadió.
En enero, el ombudsman de la agencia de inmigración expresó preocupaciones por las demoras en el procesamiento de visas. Como respuesta, la agencia contrató a más personas, reorganizó el trabajo y lo agilizó.
Las autoridades de inmigración también han llamado a las agencias policiales, a grupos de abogados y a activistas para que les ayuden a regar la voz sobre el programa. |
